Friday, July 18, 2008

El PSPV denuncia que Sociópolis no es la pretendida respuesta para el acceso de los valencianos a una vivienda asequible

Carmen Alborch: “Dada la situación actual, el resultado podría ser el producto de un importante engaño". Vicente González Móstoles: “los valencianos accederán a una vivienda de renta libre o de protección oficial en el escalón más caro, en unas condiciones que no son las inicialmente pactadas”.

El Grupo Municipal Socialista denunció hoy en rueda de prensa las modificaciones que ha sufrido el Plan Especial de Vinculación a Regímenes de Protección Pública para el Sector La Torre, más conocido como Sociópolis y no responde a las expectativas generadas para el acceso de los valencianos a la vivienda. “Éste es un proyecto que ha empeorado notablemente desde su comienzo”, apuntó Carmen Alborch. Se trata de una operación que, ha advertido el concejal González Móstoles, “modifica el plan general con una reclasificación de suelo, en unas condiciones que después se han ido modificando paulatinamente con un resultado negativo para los valencianos, porque accederán a una vivienda de renta libre o de protección oficial en el escalón más caro, en unas condiciones que no son las inicialmente pactadas”.

Alborch afirmó que lo que el grupo socialista persigue es “transparencia, saber cómo afecta a los intereses de los valencianos”. Según la portavoz socialista “el resultado final podría ser el producto de un importante engaño”, ya que lo iba a ser una gestión pública para construir vivienda protegida, ha acabado en manos de promotores privados que construirán un 20% de renta libre, y donde un 40% de la vivienda protegida será concertada, es decir, a 2.400 euros el m2 y no a 1.600 euros el metro que cuesta la VPP de régimen general.

La portavoz socialista anotó que “el hecho de que el Ayuntamiento no haya liderado esta operación, ha supuesto un perjuicio para los valencianos”. En concreto, si AUMSA hubiera gestionado la operación la ciudad dispondría además del 10% del aprovechamiento urbanístico del sector (equivalente a unas 250 viviendas); de todo el suelo rotacional (aún el IVVSA no ha entregado al Ayuntamiento en el proceso de reparcelación) y el beneficio empresarial de la urbanización que está en torno al 15% (unos 4 millones de euros).

En un principio, el Plan Especial presentado por el IVVSA en 2004 consideraba la construcción de 3.045 viviendas de protección pública de las que 2.648 eran VPP y 397 de alquiler vinculadas a construir sobre suelo con calificación de asistencial. Planteaba además en el entorno una amplia franja verde para separar el barrio de la V-30.

En 2005 IVVSA presentó un nuevo Plan Especial que reducía el espacio a actuar a 348.643 m2 eliminando toda una amplia franja verde en su entorno para reducir costes de urbanización, y lo que es más, permitiendo que lo que iba a ser vivienda protegida en su totalidad, se redujera también para hacer un 20% de vivienda de RENTA LIBRE.

“Y ahora, nos encontramos también con la sorpresa que en las primeras promociones que han solicitado licencia de vivienda protegida son a precio de régimen concertado, porque el IVVSA autorizó con posterioridad que del 80% de VPP del sector, un 40% será de precio concertado (a 2.400 euros el m2) y el resto de régimen general (a 1.800 euros el m2)”, señaló González Móstoles. Hay que recordar que cuando se tramitó este sector en 2005 la vivienda protegida estaba en 1.200 euros, y ese era el compromiso de venta de las viviendas a los ciudadanos.

El concejal socialista consideró que “la reclasificación de terrenos de huerta protegida, podría haberse evitado, exigiendo la ejecución de la operación en suelo urbano o urbanizable”.

Hay que recordar también que se nos presentó como el gran proyecto con edificios asistenciales y efectivamente el Plan Parcial incluye hasta 11 parcelas dotacionales; vivienda de alquiler para jóvenes y mayores (SP-7) etc, y tal como hemos manifestado, no se sabe qué pretende hacer el IVVSA con ellas, pues se las ha negado al Ayuntamiento que tiene el derecho a recibirlas en el proyecto de reparcelación.

Por último, el hecho de reclasificar huerta al margen del PGOU obligaba a cualquier promotor a entregar un m2 de suelo por cada m2 que se reclasifica (en total 350.000 m2 de suelo), una obligación que la ley exime cuando es una administración pública quien tramita un planeamiento social, como se planteó inicialmente.

Con los cambios introducidos y la gestión principal por agentes privados, el concejal González Móstoles considera que no se trata de una operación de interés social y que esos 350.000 m2 de suelo debían haber sido cedidos por los promotores, y que por tanto el único objetivo del IVVSA ha sido actuar de intermediario en una operación urbanística.



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